Argentina

Reforms enacted 1860, 1866, 1898, 1949, 1957, 1994

Section 14.
All the inhabitants of the Nation are entitled to the following rights, in
accordance with the laws that regulate their exercise, namely: to work and perform any
lawful industry; to navigate and trade; to petition the authorities; to enter, remain in, travel
through, and leave the Argentine territory; to publish their ideas through the press without
previous censorship; to make use and dispose of their property; to associate for useful
purposes; to profess freely their religion; to teach and to learn.

Section 14bis.
Labor in its several forms shall be protected by law, which shall
ensure to workers: dignified and equitable working conditions; limited working hours; paid
rest and vacations; fair remuneration; minimum vital and adjustable wage; equal pay for
equal work; participation in the profits of enterprises, with control of production and
collaboration in the management; protection against arbitrary dismissal; stability of the civil
servant; free and democratic labor union organizations recognized by the mere registration
in a special record.

The State shall grant the benefits of social security, which shall be of an integral nature and
may not be waived. In particular, the laws shall establish: compulsory social insurance,
which shall be in charge of national or provincial entities with financial and economic
autonomy, administered by the interested parties with State participation, with no
overlapping of contributions; adjustable retirements and pensions; full family protection;
protection of homestead; family allowances and access to a worthy housing.

Section 41.
All inhabitants are entitled to the right to a healthy and balanced
environment fit for human development in order that productive activities shall meet
present needs without endangering those of future generations; and shall have the duty to
preserve it. As a first priority, environmental damage shall bring about the obligation to
repair it according to law.

Artículo 14.
Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las
leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de
navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del
territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer
de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y
aprender.

Artículo 14 bis.
El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que
asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso
y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y
colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado
público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un
registro especial.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de
entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por losinteresados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes;
jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de
familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Artículo 41.
Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la
ley.

Interesting Addition:

Corresponde al Congreso:
22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquíasuperior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

[Translation]

The American Declaration of the Rights and Duties of Man; the Universal Declaration of Human Rights; the American Convention on Human Rights; the International Pact on Economic, Social and Cultural Rights; the International Pact on Civil and Political Rights and its empowering Protocol; the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide; the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination; the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Woman; the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatments or Punishments; the Convention on the Rights of the Child; in the full force of their provisions, they have constitutional hierarchy, do no repeal any section of the First Part of this Constitution and are to be understood as complementing the rights and guarantees recognized herein. They shall only be denounced, in such event, by the National Executive Power after the approval of two-thirds of all the members of each House.